EN GENERAL, las asambleas regionales han experimentado una ascenso gradual de la presencia de mujeres, hasta llegar a la situación actual: tras los últimos comicios autonómicos, solo en la Asamblea de Murcia las diputadas suponían menos del 40% de mujeres. De hecho, 9 de las 15 comunidades que acudieron a las urnas el pasado mes de mayo han experimentado un aumento de la presencia de mujeres en sus cámaras autonómicas respecto a los anteriores comicios.
Fuente: Instituto de la Mujer y sitios web de las asambleas regionales
SIN EMBARGO, donde el salto ha sido más apreciable ha sido en aquellas comunidades que han introducido normas electorales que obligan a los partidos a presentar listas donde la mitad de sus miembros son mujeres. Es el caso de Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha y País Vasco.
EUSKADI FUE precisamente la primera comunidad que aplicó legislación electoral en este sentido: antes de que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobase en 2007 la Ley de Igualdad, el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe puso en marcha su propia legislación en esta materia. En febrero de 2005, el País Vasco aprobó una norma para fomentar la igualdad entre sexos que, entre otras medidas, establecía que “las candidaturas que presenten los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de personas electoras estarán integradas por al menos un 50% de mujeres. Se mantendrá esa proporción en el conjunto de la lista de candidatos y candidatas y en cada tramo de seis nombres”. Las primeras elecciones autonómicas a las que afectó la legislación paritaria se celebraron ese mismo año, en el mes de abril. Tras ellas, la presencia de mujeres en el Parlamento Vasco pasó del 35% al 52%. Actualmente, está en el 49%.
Fuente: Instituto de la Mujer y elaboración propia
UN INCREMENTO similar se produjo en Baleares. El gobierno del socialista Francesc Antich fue pionero al aprobar ya en junio de 2002, antes que Euskadi, una ley electoral que imponía las llamadas “listas cremallera”, las que están integradas por candidatos de uno y otro sexo ordenados de forma alternativa. Sin embargo, la ley no pudo entrar en vigor ese mismo año, porque el Gobierno de José María Aznar la recurrió ante el Tribunal Constitucional. Al tratarse de un recurso planteado por el Ejecutivo, la norma quedó inmediatamente suspendida. Finalmente, cuando el PSOE llegó en 2006 a La Moncloa, retiró el recurso y la ley se hizo efectiva en las elecciones autonómicas de 2007. El porcentaje de diputadas pasó del 37,5 al 49%.
"La ley de igualdad vasca hizo pasar el porcentaje de mujeres en la cámara regional del 35 al 52%"
OTRO ADELANTADO fue el gobierno de Castilla La Mancha dirigido por José María Barreda. Unos días después que su homólogo balear, el también socialista aprobó una ley electoral similar que establecía igualmente las “listas cremallera” y que fue del mismo modo recurrida por el Ejecutivo de Aznar ante el Constitucional. Como en el caso de Baleares, la llegada del PSOE al Gobierno de la Nación significó el desestimiento del recurso y la norma pudo por fin aplicarse en las elecciones autonómicas de 2007. Sin embargo, en las Cortes de Castilla La Mancha no hubo vuelco en el porcentaje de diputadas que accedieron a la Cámara: se mantuvo en el mismo 53,19% que se había logrado en los comicios anteriores, los de 2003. Según los catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla La Mancha Eduardo Espín Templado y Francisco Javier Díaz Revorio, autores de un informe elaborado para el Instituto de Derecho Público de la Universidad de Barcelona, en las elecciones de 2003 “(…) el PSOE presentó de todos modos listas (…) “de cremallera”, mientras que el PP, sin someterse estrictamente a un sistema de alternancia entre hombres y mujeres, vino a presentar candidaturas en las que incluso las mujeres superaban a los varones en los puestos con más probabilidad de obtener escaño”. Así que el cambio en la ley electoral tuvo efectos reales incluso antes de ponerse en práctica.
LA ÚLTIMA en subirse al carro de la paridad electoral fue Andalucía, aunque lo hizo solo unos meses más tarde que País Vasco. En abril de 2005, el Parlamento andaluz, donde los socialistas al mando de Manuel Chaves tenían mayoría absoluta, promulgó la ley electoral autonómica, que, como la balear y la castellano-manchega, fijaba la obligación de que las candidaturas alternasen hombres y mujeres. La reforma legal se hizo efectiva por primera vez en las elecciones al Parlamento andaluz de 2008. Tras los comicios, el porcentaje de diputadas pasó del 39,5% al 46%.
Fuente: Elaboración propia
ESTE NIVEL de representación en las cámaras regionales no se traduce en una mayoría femenina al frente de los gobiernos autonómicos: solo dirigen cuatro de los 19 territorios (17 comunidades, Ceuta y Melilla). Cristina Cifuentes, líder de la Comunidad de Madrid, es la única mujer de los siete presidentes autonómicos o regidores de ciudades autónomas con que cuenta el PP. El PSOE tiene a Susana Díaz en Andalucía y a Francina Armengol en Baleares, entre las siete comunidades que gobierna.